Dorta relativiza el fallo judicial por la "vigencia" de la plantilla de 2010

A falta de un dictamen del servicio jurídico del ayuntamiento, el alcalde quita importancia a la sentencia del TSJC que anula la relación de puestos de trabajo y el presupuesto de 2006. Frente al sindicato Stap, denunciante de las cuentas y la plantilla, el mandatario cree que casi no tiene afecciones en la actualidad.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la plantilla, la relación de puestos de trabajo y el presupuesto del Ayuntamiento icodense de 2006 no le ha quitado el sueño, de momento, al gobierno local. Así lo dio a entender ayer a EL DÍA el alcalde de la Ciudad del Drago, el socialista Juan José Dorta, quien, a falta de un análisis detallado de sus consecuencias por parte de los asesores y el servicio jurídico del consistorio, indica que, "en principio, no tiene que afectar casi en nada a la situación actual en el consistorio porque la plantilla vigente es la aprobada en 2010".
El máximo mandatario, no obstante, no quiso aventurarse mucho sobre las posibles derivadas de una sentencia que, eso sí, le cogió un poco por sorpresa en los últimos días y que relacionó, por lo menos su difusión por parte de los denunciantes, con el expediente abierto hace días a un funcionario local por una supuesta agresión a una trabajadora del ayuntamiento, empleado que es el representante del sindicato Stap, el denunciante de dicho presupuesto y la RPT de 2006.
Dicha central da una versión totalmente contrapuesta de ese hecho y asegura que fue la trabajadora la que empujó y agredió al funcionario cuando trataba de acceder o pedir información sobre cuestiones que afectan al funcionamiento municipal. Además, el trabajador afectado dice sentirse perseguido por el alcalde por desvelar otras cuestiones, muchas relacionadas con las imputaciones que tiene en la causa abierta por presunta prevaricación, aparte de que recuerda que se trata de un fallo judicial del TSJC que se produce antes (el 10 de octubre).
Asimismo, y sobre la vigencia de la plantilla de 2010, este representante sindical recuerda que esa RPT de ese año "también está denunciada", temiendo que la decisión judicial vaya por la misma línea.
El Stap resalta que la plantilla de 2006 la decidió Dorta antes de que, en 2007, perdiera el gobierno local en virtud del pacto entre CC y PP. Frente al alcalde, esta central subraya la "vigencia del fallo porque afecta a importantes cuestiones que continúan hoy, algunas planteadas en el debate del presupuesto de este año 2012, que finalmente el pleno rechazó el 26 de octubre".
Entre ellas, destaca que se considere motivos de nulidad "la falta de negociación, de justificación de la supresión y la creación de puestos, así como que no se incluyan en la plantilla todas las plazas con carácter permanente, que se asigne a personal laboral plazas que, por su contenido, corresponden a funcionarios, la inclusión de trabajadores que pertenecen a Icodemsa y la asignación a personal eventual de plazas que no son de asesoramiento especial".
El Stap asegura que "todas estas irregularidades permanecen en la plantilla actual, aprobada con el beneplácito de CCOO, UGT y CSIF", y cree que se desmontan algunas decisiones del alcalde sobre el personal eventual.