CC denuncia que se priorizó la defensa de Cheo antes que la de Icod en el caso Camión

D.C

Coalición Canaria en Icod critica que el Ayuntamiento haya contratado, para la defensa del interés general del municipio en ‘caso camión’ al despacho de abogados que lleva los asuntos personales del alcalde, Juan José Dorta, “lo que hace sospechar que estaba velando más por sus intereses que por los del municipio”. En este sentido, el portavoz nacionalista en el municipio, Francisco González, asegura que el papel de la Corporación durante todo este proceso (una denuncia de un trabajador municipal que señalaba la compra de un camión por un coste que no se ajustaba a mercado) debería haber sido “la de velar por los intereses del municipio y de los vecinos” y, por tanto, determinar si el Ayuntamiento había pagado o no un sobrecosto. Sin embargo, se contrató “con el dinero del municipio”, a un letrado “que veló más por los intereses del alcalde” que es quien estaba en el punto de mira de la investigación del Tribunal de Cuentas al ser el último responsable de la compra del vehículo. González asegura que “es inmoral” utilizar los recursos del Ayuntamiento en garantizarse “una defensa personal” obviando la obligación de defender “por encima de todo el interés general”. Asimismo, recordó que en marzo de 2013, la oposición hizo valer su mayoría en el pleno y forzó un cambio de letrado representante del Ayuntamiento en este caso lo que conllevó “un cambio de criterio y se adhirió al recurso, finalmente desestimado, en defensa de los intereses del municipio”. En este sentido, el portavoz nacionalista asegura que el trabajo realizado por ese primer letrado fue determinante para que, finalmente, el Tribunal de Cuentas no terminara de darle curso a la denuncia pues se impidió contar con la prueba pericial solicitada por el demandante que iba a determinar el verdadero estado del vehículo en el momento de su compra, ya que, una vez puesta la denuncia el Ayuntamiento procedió al arreglo del mismo. Esta prueba pericial, según González “habría determinado si el Ayuntamiento compró o no ese vehículo por encima de su coste real”. Para González “parece claro en este caso que el interés del grupo de gobierno era el de no salpicar al alcalde y no el de defender el interés general de los vecinos” y por ello “contrató un abogado, al que CC respeta como profesional, para velar más por su defensa que por la defensa del municipio”.