El alcalde socialista de Icod, Cheo, cesa sin ninguna explicación a su jefe de prensa, también del partido

Cumple una sentencia que, por otro lado, recurre ante el TSJC El alcalde de Icod de los Vinos, Cheo Dorta, ha cesado por decreto a Pedro Damián Delgado Velázquez, hijo de la ex alcaldesa de San Juan de la Rambla, como asesor de la Alcaldía de protocolo, comunicación y prensa.  Cheo no ha dado ninguna explicación del motivo del cese, pero el afectado ha insistido en que no se debe a que su nombramiento haya sido declarado definitivamente ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin aportar tampoco ninguna explicación sobre los motivos, lo que deja abierta la puerta a una posible pérdida de confianza por parte del alcalde en su asesor tras los incidentes en que se ha visto implicado que deterioran la imagen del Ayuntamiento. El nombramiento de Pedro Delgado como asesor del Alcalde fue anulado por sentencia de 8 de junio de 2013 del juzgado contencioso administrativo nº 4 de Santa Cruz de Tenerife que declaró la nulidad del decreto del Alcalde de Icod, Cheo Dorta, del 18 de junio de 2013 por la que nombró, con una retribución de 24.472 euros anuales, tal como publicó en su momento el Boletín Oficial de la Provincia. La sentencia, que también imponía las costas judiciales al Ayuntamiento de Icod de los Vinos, se fundamentaba en el incumplimiento por el alcalde de Icod del Real decreto ley 20/2011 que prohibía la contratación de nuevo personal salvo para los servicios públicos esenciales y a la falta de cualificación del designado para el cargo. La sentencia está recurrida por el alcalde ante el TSJC El alcalde icodense encomendó la defensa de su decreto ante TSJC al despacho del conocido dirigente socialista Julio Pérez pese a que el Ayuntamiento de Icod de los Vinos tiene suscrito un convenio con el Cabildo Insular por el que éste realiza de forma gratuita la defensa jurídica del Ayuntamiento ante los tribunales. El importe de los gastos ocasionados al Ayuntamiento por nombramiento de Pedro Delgado asciende a unos 65.000 euros, a los que hay que añadir la factura del despacho de Julio Pérez y las costas legales a que ha sido condenado el Ayuntamiento.

D.C