El ex concejal de Obras, el nacionalista Francis Rivero, se enfrentará a 3 años de cárcel si se demuestra que atentó contra el patrimonio histórico de Icod

La Fiscalía ya ha presentado denuncia contra él y una funcionaria en los juzgados

Demolición de un muro dentro de la delimitación del conjunto histórico en contra de la autorización del Cabildo Insular de Tenerife. Ese es en suma la actuación del ex concejal de Obras, Francis Rivero, de CC y apartado de la carrera política por su compañero Diego Afonso, por sus disparatadas acciones en la legislatura anterior y que contribuyeron a la caída de los nacionalistas en las elecciones de 2011, dando paso al peor alcalde socialista que se conoce, el desmadrado y terrible Juan José Dorta Alvárez.

La denuncia fue realizada por un funcionario del Ayuntamiento, la cual, fue asumida íntegramente por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en la que se señalaba que el derribo del muro era una antigua aspiración “del concejal de Obras para cuyo objetivo pidió un informe a uno de los aparejadores del Ayuntamiento, que le sirviera de justificación, de modo que una vez recabado el informe que alerta del peligro de derrumbe y que advierte de la necesaria autorización del Cabildo, el concejal de Obras recaba el preceptivo informe sin que supusiera a la postre obstáculo alguno para su derribo. De hecho la jefa de sección de Obras, María del Cristo Rodríguez Lugo, emitió informe jurídico favorable a la realización de la obra”.

Además apunta la denuncia que se trata de “la realización de una obra privada con fondos públicos, ya que se obvia en el expediente tramitado por el Ayuntamiento, la advertencia de un aparejador, que se trata de un muro, propiedad de una finca privada a la que sirve. A consecuencia de lo cual se realizaron al menos dos pagos por importe de 29.000 euros para la realización de dicha obra privada”.

Se supo además que el concejal mientras estuvo en el poder, impidió el acceso a este expediente por parte del funcionario y que se produjo la construcción de una obra privada ilegal “en la calle San Antonio”, cosa que se demostraba en varias fotografías la evolución de esta obra ilegal y como los servicios municipales habían estado inactivos ante esta situación de “ilegalidad a pesar de tener conocimiento de todo ello”.

La Fiscalía tras pedir y analizar la documentación municipal relacionada con este asunto y establecer que se le puede aplicar el artículo 323 del Código Penal que establece penas de prisión de uno a tres años para quien atente contra el patrimonio, ha pedido al juzgado que instruya la denuncia que, “se oficie al Ayuntamiento de Icod de Los Vinos para que por técnico especialista en la materia se evacue dictamen sobre los siguientes extremos: aclarar la finalidad de la ejecución de los dos portones metálicos que se observa ejecutados en el muro de la calle San Antonio, ya que a vista del proyecto de ejecución de la obra, no se prevé su existencia. Aclarar la clasificación urbanística del terreno a que dichos portones dan acceso, su titularidad e indique la naturaleza de la edificación en construcción que se puede observar tras el mencionado muro, asimismo especificar el promotor y expediente urbanístico a que dicha edificación en construcción haya dado a lugar”.

En el mismo sentido, que “se oficie a la sección de delitos urbanísticos de la Guardia Civil a efectos que se elabore informe sobre la naturaleza de la edificación en construcción, situada en la finca que da acceso al muro de nueva construcción sita en la calle San Antonio de Icod de Los Vinos, promotor, vinculación entre los dos portones abiertos en el muro y la finca a la que se da acceso, situación urbanística de esa finca, licencias y expediente urbanístico a que hubiere dado lugar la construcción de la edificación en obras”.

Lo relevante: “que se tome declaración en calidad de imputado a Francisco José Rivero Martín y a María del Cristo Rodríguez Lugo por los hechos arriba indicados” y que se “unan como documental, las diligencias preliminares de investigación de Medio Ambiente, 13/12 tramitadas por la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife”.