Mónica Ruiloba, secretaria municipal de Icod, deja por los suelos tan noble profesión

Secretarios municipales. Una casta de la que nunca solemos ocuparnos, porque es costumbre en este reino, cargar todas las culpas a los políticos y dejar siempre a los funcionarios en paz, que ellos van a lo suyo y que cuando se les cuestiona, tienen a mano ya un viejo argumentario, que ni ellos se creen, que es la política para los políticos y los informes para los técnicos. Ya es un topicazo, porque la galopante corrupción que nos desalienta no es posible, sino hay alguien que lo sepa hacer o que cuando la detecte, se calle y pase página. Y está claro que en esta sufrida Isla o mejor en todas las islas, se han dado casos esperpénticos donde los secretarios juegan a ser políticos o son el soporte de los desmanes de los políticos, como la secretaria de Arona, ejemplo clave donde los halla o el de Arico, que requiere para él solo una enciclopedia de despropósitos o incluso el de Candelaria, jugando a ser mártir, pero quien los está sobrepasando a todos es la secretaria municipal de Icod, donde trabaja gracias a la magnanimidad del alcalde de El Tanque y que ya tiene en su bolso una imputación a cuenta de un local de copas. Pero lo que nos ocupa es un informe, supuestamente su fuerte, que la funcionaria redactó a cuenta de una propuesta del concejal de Somos Icodenses, Moncho, para que el Ayuntamiento se personará en el Tribunal de Cuentas por el caso ‘Camión’. En dicho informe reconoce que se presentó una enmienda y que no se votó como si la cosa no fuera con ella. Como si no fuera la asesora legal del pleno. Y encima en el certificado del acuerdo del pleno que hizo no menciona la enmienda, como si no existiera. Y se ve obligada a reconocerlo ahora, seis meses después porque le han pedido un informe. Dice que la competencia para ejercer acciones judiciales era del alcalde, pero cuando el pleno lo aprobó no advirtió que el acuerdo que se estaba adoptando era ilegal. Aunque el acuerdo del pleno era ilegal según ella, dice que sirvió para subsanar el hecho que el alcalde no haya adoptado el acuerdo de ejercer acciones judiciales. Además dijo que el decreto de contratación del abogado del despacho de Julio Pérez, Ceferino se deduce la voluntad del grupo de gobierno de ejercer acciones, pero del debate del pleno donde todos los portavoces se mostraron de acuerdo con nombrar abogado al mismo que lleva el PA 33/2010 no deduce nada. Siendo coherente, en el otro punto del orden del día, donde se hablo de las retribuciones del alcalde debe entenderse aprobado sin la enmienda porque no se votó previamente. Todo esto la deja en evidencia y demuestra en realidad que más que asesorar a Cheo, lo está protegiendo. ¿Por qué lo hace? La respuesta de saberse, los dejaría a todos en evidencia ante todos los ciudadanos de Icod, que no se merecen este espectáculo.